El SAT ha presentado esta mañana en la puerta del Palacio de Moratalla el proyecto de ley de recuperación de los bienes públicos agrarios de la II República. En rueda de prensa la dirección del SAT, acompañados de un centenar de sindicalistas, se encontraron con la sorpresa de un impresionante despliegue policial totalmente fuera de lugar puesto que se trataba nada más que de una rueda de prensa para presentar una iniciativa legislativa.
La fecha elegida, el 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del golpe militar fascista, es una manera de rendir tributo a las víctimas del franquismo. Hoy comenzamos una campaña para que las fincas públicas expropiadas por el Gobierno de la Segunda República vuelvan a manos públicas.
Militantes del SAT se han concentrado en las puertas del Palacio de Moratalla, declarado bien público agrario durante la II República y que ya fue ocupado en agosto de 2012.
"La Ley de Patrimonio dice claramente que el patrimonio público no caduca", comenzaba Cañamero su discurso. "En Andalucía, un 10 por ciento de toda la tierra, entre 800.000 y un millón de hectáreas, era pública, pertenecían a un gobierno elegido legítimamente por el pueblo y, sin embargo, mediante un golpe de Estado, el Gobierno militar de la dictadura se las volvió a entregar a los dueños que consideró oportunos".
El SAT va a reclamar a través de un proyecto de ley que las tierras expropiadas en Andalucía durante la Segunda República vuelvan a ser públicas para ser explotadas bien mediante cooperativas (fórmula por la que apuesta el Sindicato), por ayuntamientos o bien por campesinos. Si éste no es aceptado, se verán obligados a recoger 40.000 firmas para presentar la propuesta mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
No obstante, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha lanzado una advertencia a la Junta de Andalucía: si ésta no impulsa de oficio esta recuperación o se niega a hacerlo, denunciará al presidente José Antonio Griñán, por"prevaricación" por "no hacer lo que debe hacer". Así lo ha anunciado un técnico de Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Ruiz, militante del SAT. Y es que, como ha recordado Cañamero, es lo que contempla el artículo 133 de la Constitución y, por lo tanto, es "la legalidad".
El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha solicitado al Ministerio de Agricultura un listado de fincas expropiadas por la II República, que están a la espera de recibir. Diego Cañamero ha explicado que ya no se trata solo de "ocupar fincas para que el Gobierno se conciencie, sino que también le decimos que apliquen la legalidad".
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